Discurso de Clausura 2da Jornada Contra la Corrupción 2018

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Noviembre 16 de 2018

Discurso de Clausura

2da Jornada Contra la Corrupción en Baja California 2018

Francisco Postlethwaite Duhagón

No supongas nada, honra tus palabras, haz siempre lo mejor que puedas y no te tomes nada de manera personal: los cuatro acuerdos toltecas, cuatro directrices de vida que resumen lo que en esencia debería de regir no solo el actuar del servidor público, sino el de la sociedad en general.

Porque si dentro de nuestro actuar privilegiáramos la verdad, la claridad y el valor de la comunicación, dejaríamos de suponer y prejuzgar, porque como decía el filósofo Claude Levi Strauss “la realidad más veraz, nunca es la más visible”.

Ahí recordé una opinión del Dr. Mauricio Merino, publicada en el año 2017, que nos habla que hasta ahora, la idea de combatir la corrupción ha sido vista como una cuestión de honor y venganza; en la cual el servidor público responde a un estereotipo de oscuridad y deshonestidad, y cuyo único motor es la codicia e interés personal; idea que ha sido fomentada, incluso desde algunos de nuestros actores políticos, en donde “los buenos políticos” se presentan como una alternativa frente “a los malos” y donde ofrecen meterlos a la cárcel y con eso saciar la sed de venganza de la sociedad. Esa imagen ha servido para diseñar discursos políticos y para encasillar a adversarios en el papel de villanos; pero también ha contribuido a envilecer la concepción propia de la corrupción y a convertir la batalla en su contra, en una caricatura, y en la que la propia sociedad contribuye al suponer y prejuzgar como corruptos a todo servidor público o político.

Y aquí resulta importante distinguir entre políticos y servidores públicos, porque no todos los políticos son servidores públicos ni todos los servidores públicos son políticos, así como aclarar que ni todos los políticos son corruptos ni todos los servidores públicos velan por su interés personal. Es más, me atrevería a afirmar que son los menos.

Sin embargo, la tarea que tenemos por delante es grande, la necesidad de crear verdaderas comunidades éticas, serán la base del servicio profesional de carrera que se deberá implementar; y en el que se distinga el doble aspecto del servidor público, en el cual se fortalezca de manera técnica a los servidores, pero a la vez, se creen mejores personas.

Lamentablemente la burocracia mexicana ha desarrollado patrones de relación humana basados en la rigidez de una pirámide que se origina desde el más encumbrado funcionario y baja en línea recta hasta el último de los empleados.

Esto último adquiere suma relevancia porque de nada sirve un servidor público más preparado técnicamente si no trabajamos a la par con el fomento de los valores, tales como integridad, la transparencia, la rendición de cuentas, la eficacia, la lealtad a la ley y el compromiso social hacia el bien común; en otras palabras: un servidor honesto, debemos pues, para lograr esto transitar a una democracia más horizontal en la que exista una corresponsabilidad de responsabilidades.

Y es precisamente ese estándar el que buscamos, no creemos que sea un objetivo utópico, somos capaces de eso, debemos serlo, ya que hoy más que nunca la sociedad lo necesita como ejemplo.

Es en ese sentido que la ética no puede ser ignorada por los gobiernos, pues orienta hacia lo que es pertinente y justo para la sociedad. Auxilia en la toma de decisiones, permite al ciudadano la deliberación, y por lo tanto es un pilar en el actuar, en decir, indica qué es lo que debe hacerse y qué omitirse, resuelve dudas, aconseja, ofrece principios, aporta sabiduría, entendimiento, prudencia, ecuanimidad y capacidad de juicio en la toma de decisiones.

Honrar tus palabras, recordemos pues que los servidores públicos al asumir nuestra encomienda sujetamos nuestro actuar al mandato de la Ley, la ética de la responsabilidad pública trasciende el valor de la lealtad al jefe, pues si bien este es un valor loable, resulta insuficiente en el servicio público, puesto que la primera lealtad de un servidor público es a las normas jurídicas y éticas que rigen su cargo o función. Escudarse o excusarse en la lealtad personal al jefe no es admisible en el servicio público, habida cuenta que en el régimen disciplinario de un gobierno civil y democrático la primera obediencia de un servidor público es a la Ley.

Por eso no es casual ni insignificante la protesta que se rinde cuando se asume un cargo. Si en realidad queremos combatir la corrupción, tenemos que tomar en serio lo anterior y exigir mayor profesionalismo, mismo que implica entre otros requisitos, la integridad de nuestros servidores públicos desde los mandos superiores hacia abajo. Una lealtad sin honestidad y responsabilidad se traduce en sumisión o peor en complicidad.

Por ello, y al lograr una organización horizontal dentro del servicio público, se propicia la llamada cultura de “abogado del diablo” y en la que se empodera a los servidores públicos a fin de que los mismos sean agentes de cambio.

Debemos pues, crear las condiciones necesarias en las cuales los servidores públicos cuenten con una estabilidad laboral, que no se encuentre supeditada a los constantes cambios políticos o de titulares dentro de la administración pública, para de esta manera adoptar de autonomía y libre albedrío al funcionario, y romper con el círculo vicioso de los amiguismos y designaciones improvisadas de funcionarios.

Haz siempre lo mejor que puedas, si bien México necesita nuevas prácticas, estas únicamente se lograrán con políticas públicas bien diseñadas y ejecutadas, que se traduzcan en una nueva forma de ser y hacer las cosas, que produzcan mejores resultados dentro del servicio público, y como consecuencia en una mejor gobernanza.

Al ciudadano no le importa si eso se logra con nuevas reglas o procedimientos, lo que le interesa al ciudadano son los resultados en recibir un mejor trato del servidor público, un trato eficiente, imparcial y honesto del servidor público, si las políticas públicas no nos dan ese nuevo modelo de servidor público, nada va a cambiar si no   cambiamos nosotros, si nosotros no damos lo mejor que podamos.

Por último, no te tomes nada de manera personal; en algunas ocasiones el servicio público puede resultar ingrato, sin embargo, aquel individuo que ingresó al servicio público con el fin de obtener reconocimiento o aplausos de la sociedad, está desubicado, ya que el servicio público implica un sacrificio.

Es por ello que los exhorto a ver hacia adelante, sin reproches ni recriminaciones, con miras a un beneficio común, ya que cuando nos enfocamos a luchar contra lo viejo solo cosechamos frustraciones y nos deprimimos; el secreto del cambio decía SÓCRATES, es enfocarse a no luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo, pero lo nuevo requiere reconocer la realidad y no vivir de ilusiones o irreales expectativas, como lo hemos hecho costumbre los mexicanos; la realidad demanda responsabilidad, es decir, capacidad de responder. Nuestra costumbre es por lo regular responder con nuevas reglas y normas, pero eso es insuficiente, las acciones tienen que florecer en nuevas prácticas, y para eso requerimos instituciones públicas fuertes, regidas y dirigidas por personas competentes y honestas que estén al servicio del bien público.  En las que se recupere la visión de que el estado es una empresa moral en el objetivo de alcanzar el bien colectivo, en la que se recobre la dignidad de los servidores públicos y en el que se enfatice el trabajo especializado y profesional, y todo ello no basándolo únicamente en el castigo y vigilancia si no también reconstruyendo el factor crítico de la capacidad organizacional de la Administración Pública para un buen gobierno.

Aun nos falta mucho, no debemos olvidar la máxima de que la corrupción empieza cuando se nombra para un cargo público a quien no es competente, en ese sentido urge implementar un régimen profesional de carrera del servicio público, regido por los méritos en cuanto a capacidad técnica, vocación de servicio, compromiso social y honestidad, y no por las relaciones o influencias como lo es actualmente. Será pues y parafraseando al Dr. Mauricio Merino “cuando cobremos conciencia plena de lo que esto puede significar para nuestra sociedad, seremos los principales aliados de esta batalla civilizadora”

Sin embargo, y al verlos hoy aquí a todos, al escuchar sus propuestas e inquietudes, no pierdo la convicción y esperanza de que lograremos nuestro objetivo.

 

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Discurso Inaugural 2da Jornada Contra la Corrupción en Baja California 2018

DSC_0045Noviembre 14 de 2018.

 

Discurso Inaugural

2da Jornada Contra la Corrupción en Baja California 2018

Francisco Postlethwaite Duhagón

 

Todos conocemos la historia de Diógenes de Sinope -filósofo griego-caminaba por la ciudad de Atenas a la luz del día llevando una lámpara encendida y afirmando que buscaba un hombre honesto.

En la cultura china se dice que la honestidad es como una flor tejida con hilos de luz que ilumina a quien la cultiva y esparce claridad y transparencia su alrededor.

Lo anterior, nos lleva al tema toral: Que si la honestidad que aspiramos es aquella que esparce claridad y transparencia a su alrededor, entonces nos deberíamos detener para preguntarnos si tenemos claro:

  1. ¿Qué es corrupción pública?
  2. ¿Cómo la podemos combatir?

Pues para poder combatir la corrupción pública, primero debemos saber con claridad cuáles son los actos constitutivos de la misma, ello para no caer en las generalizaciones, pues generalmente los ciudadanos solemos tener como corrupción, por igual, a un acto de ineficiencia administrativa que a un peculado; de ahí la importancia de la claridad del lenguaje, de los conceptos, para entender sus diferencias y nociones.

Debemos también preguntarnos: ¿Qué es lo que perseguimos en ese combate? ¿Controlar a la corrupción o derrotarla?, ya que en la actualidad no existe claridad en el discurso ni en las instituciones, ya que una y otra son fines distintos.

Tan importante es la claridad en las intenciones como en el lenguaje, de eso depende la claridad del propósito que pretendemos lograr, de ahí depende la claridad en el plan de acción, de eso depende la claridad, de las responsabilidades, ya que si lo que buscamos como sociedad es derrotar a la corrupción, tenemos que recurrir, en palabras de Lee KuanYew, el padre de Singapur, “que afirmaba que para derrotar a la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”, de ahí nos debe surgir  la duda: en México ¿Estaremos listos para eso? ¿O en realidad solo intentamos controlarla?

Y con ello, me viene a la mente una entrevista realizada a uno de nuestros invitados aquí presentes: el Dr. José Roldan Xopa, en el cual, se le preguntaba “¿Qué diría a las personas que opinan que todo acto de corrupción grave tiene que ser sancionado con cárcel?” y en la cual él contestaba que “no es realista”, y me dejó reflexionando.

Se expresa con mucha vehemencia que la impunidad es la causa de la corrupción, y eso en parte es cierto, pero el fondo es que tenemos en realidad un estado de derecho ineficaz, pues un estado de derecho eficaz se mide no en función del castigo a los que violan la Ley, sino en el grado de cumplimiento voluntario y espontáneo a las normas.

Platón decía que las leyes, para ser verdaderas leyes, no sólo deben exigir obediencia, sino además ofrecer la posibilidad de ser persuasivas. Y es tal vez una de nuestras mayores fallas que hemos tenido como comunidad, ya que nuestra conciencia social de cumplir y respetar la ley por el bien de todos, es aún muy baja.

¿Y por qué esto último resulta relevante? Pues porque ningún estado tiene la capacidad institucional para tener un agente de autoridad vigilando a cada ciudadano para hacer cumplir la ley por vía de la fuerza.

Luego entonces podemos inferir que la impunidad en una sociedad empieza cuando sus integrantes son omisos, incluso desdeñosos, en el cumplimiento voluntario de la ley; es decir, en el fondo, es un problema de falta de sentido de responsabilidad social y ética pública, tanto entre gobernantes como gobernados.

La medida de la eficacia de un estado de derecho no solo se relaciona con su capacidad de castigar conductas o acciones, sino en su capacidad para prevenir e inhibir, o sea, persuadir de que el cumplimiento de la Ley nos beneficia a todos.

Un remedio sería el de reforzar el estado de derecho a través de instituciones públicas fuertes y competentes para educar e inducir, por vía del ejemplo,  sobre el cumplimiento de la Ley, así como para vigilar su exacto cumplimiento, cancelando los espacios de discrecionalidad y fortaleciendo el sentido de que cumplir la Ley es por el bien común, es decir, que todos perdemos cuando no cumplimos con la Ley y nadie gana en realidad hasta que todos ganamos.

En ese sentido, cabe recordar que los países más democráticos y prósperos han llegado justamente ahí por fomentar ese sentido del bien común y haber privilegiado la comunicación clara, simple y transparente por encima de las medias verdades, opacidades y simulaciones.

Por ello, más allá del tsunami de opiniones y de versiones de los hechos; más allá de los mercaderes de las mentiras y medias verdades; más allá de los provocadores de polémicas superficiales e interminables; lo que debemos entender y comprender, si de verdad queremos prosperar, es que la verdad real existe y que tenemos derecho de conocerla, exigirla e indagarla, a pesar de quienes prefieren ignorarla, desdeñarla, o de quienes la manipulan a favor de sus intereses.

Debemos pues, ser cuidadosos, porque no hay peor ignorancia que la de quien cree u opina que sus valoraciones personales son verdades universales, algo que parece ser el mal de nuestros tiempos, en razón de la expansión de las redes sociales, lo cual nos conduce a una polarización irracional y peligrosa.

Si no creemos que la verdad real existe, nunca tendremos justicia, seguridad y paz, porque la verdad real es la base de todo, y por supuesto también lo es de la honestidad y honradez a la que aspiramos en nuestra vida pública.

Nos urge salir del consumo del surrealismo en el cual se piensa que la realidad se puede inventar al igual que la mentira o la ficción; ciertamente la verdad duele como una cirugía, pero cura, mientras la mentira es como un producto milagroso que nos alivia el dolor, pero no cura, debemos dejar de consumir tanto producto milagroso, que se nos ofrece especialmente por vía de las redes sociales.

Por ello, proponemos romper el pacto de la simulación y hagamos un nuevo pacto con la verdad, la cual honremos todos los días y estoy seguro que México cambiará pronto para bien.

El cambio es sin duda doloroso, pero será más dolorosa su resistencia.

 

NUESTRO FEDERALISMO DISFUNCIONAL

 

 

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“NUESTRO FEDERALISMO DISFUNCIONAL[1]

Francisco E. Postlethwaite Duhagón[2]

(Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie)
¨El Nigromante¨[3]

 

I.- ANTECEDENTES.

El federalismo en México se encuentra instituido en el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente que dice “Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”, se adopta por primera vez el término federalismo en la Acta Constitutiva de 1824 en su artículo 4°; y se ha mantenido como forma de gobierno desde la Constitución de 1857. El federalismo constituye uno de los más importantes fundamentos para el desarrollo de la soberanía nacional y, por tanto, el medio por el que se logra afianzar el Estado de Derecho y el Institucionalismo en México; consiste en una forma de gobierno y organización donde los Estados obtienen soberanía y garantía de autonomía en la esfera de su competencia para la toma de decisiones, sin embargo, existe un pacto al cual se subordinan que indica cuál será la estructura y organización de un país.

Dicho esto, parafraseando a Aristóteles podríamos apuntar que el federalismo “se dice de muchas maneras”; ya que existen muchas definiciones de federalismo, y todas se parecen; por eso resulta más práctico tratar de concebir la idea del federalismo desde su objetivo y su necesidad.

El federalismo es una forma de organización política que tiene como objetivo el formar una alianza o pacto entre comunidades con el fin de un objetivo en común, dejando un lado las diferencias (pero respetándolas y reconociéndolas) y privilegiando las coincidencias, partiendo de la premisa de que todas las partes que lo conforman son iguales entre sí, pero al mismo tiempo preservando la identidad de cada una de ellas. Naciendo de la necesidad de los pueblos de mantenerse juntos para fortalecerse y con ello alcanzar un bien común.

Es en base a lo anterior que la profesora Victoria Camps, afirma que “un modelo federal puede adoptar formas variadas, pero siempre con un denominador común: el encaje del autogobierno de las partes en un gobierno compartido por todas ellas[4]”.

Ambos conceptos, unión (pacto o alianza) y pluralidad (comunidades diferentes), son indispensables para entender el sentido del federalismo moderno. Si no hay voluntad de unión con los que son diferentes para tratarse como iguales y promover fines comunes, no hay una verdadera federación.

El Federalismo contiene características que lo singularizan de otras formas de gobierno:

  • El federalismo no es un modelo único; ya que las diferentes naciones que lo han adoptado tienen necesidades diferentes;
  • Esta forma de gobierno se caracteriza por la existencia de una Ley Suprema que se encarga de regular, de manera general, los principios políticos, económicos, sociales y hasta culturales de la nación;
  • Cada Entidad Federativa cuenta con grado de autonomía con el cual pueden tomar decisiones y quienes dirigen dicha entidad generalmente son elegidos por medio del voto.

No perdamos de vista que, por definición, el sistema federal tiene entre sus cometidos, “el acercar el gobierno a las demandas y a las necesidades de la población[5]”, y a su vez la población más cerca de su gobierno para exigir su cumplimiento.

El objetivo final del federalismo es mantener un equilibro en todo el territorio mexicano en su estructura política y administrativa, un ejemplo es que cada entidad federativa goza de su propia autonomía bajo su Ley fundamental que rige al interior pero siempre subordinada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo importante del federalismo es que los estados depositan su soberanía en el constituyente y este a su vez en la Constitución Federal, sin que pierdan su atribuciones internas.

Sin embargo, en México existe la creencia -errada, por cierto- que la unidad y la diversidad son conceptos opuestos, tan distintos como el agua y el aceite, cuando es todo lo contrario. Un Estado federal moderno debe ser constituido con el fin no de homogeneizar, sino de salvaguardar las libertades y autonomía de los distintos territorios, bajo la unidad en la diversidad.

Ese sentido a nosotros los mexicanos aún nos cuesta trabajo entender la vasta diversidad que tenemos en todo el territorio nacional, no solo hablamos que existen 32 entidades en el país, si no que dichas entidades a su vez están integradas por comunidades aún más pequeñas, dueñas de identidad propia y de necesidades específicas.

En razón de ello,  intentar recetar políticas desde la federación –o centro- con el fin de homologar a una nación que no lo es, no solo es ingenuo sino que muestra una profunda arrogancia y desconocimiento del país; y a la vez implica el inhibir –o matar- la creatividad de dichas comunidades, al hacerlas cada vez más dependientes de un Gobierno central que no quiere ceder controles y entidades, a su vez, asumir mayores responsabilidades; cuando en un estado de derecho debe privar el criterio de orden por encima del de control o autoridad.

Pues el criterio de orden significa atender los desequilibrios a través de la razón y no del poder. Pues el criterio de orden busca regular de forma justa y proporcionada los diversos elementos que juegan dentro de un sistema para que el mismo sea operante. En México ha privado la visión de poder y, por tanto, la de control, dejando a un lado las herramientas de un estado de derecho y utilizando estas como menesteres para premiar o castigar a gobiernos locales a través de la entrega de más o de menos recursos. Ese es el mal de fondo que tenemos: un estado de derecho instrumentalista al servicio de lo político y no a la inversa.

Un Estado Federal se debe basar en el reconocimiento de las diferencias, pero también en la cooperación y corresponsabilidad de quienes detentan las diferencias a favor de unos fines comunes. Es la antítesis de las decisiones unilaterales, e incluso de las componendas bilaterales entre el centro y las entidades de la periferia.

En efecto, en el país actualmente no hay muchos defensores del federalismo como tal, debido en gran medida a los abusos que se han cometido por algunos gobiernos locales, sin embargo, no hay que confundir el sistema con la enfermedad, ni –como dicen nuestros vecinos del norte en versión traducida ¨No tires al bebé junto con el agua sucia de la bañera¨ –habida cuenta que si el federalismo en México ha sido disfuncional, esto obedece en mayor medida a que no se ha entendido el valor de lo local, y cuando no se comprende el problema se ha buscado luego entonces imponer desde un criterio de autoridad la solución.

 

II.- EL FEDERALISMO FISCAL EN MÉXICO.

En México, la federación tiene potestades sobre las bases tributarias principales y más amplias, en cambio, las facultades tributarias de los gobiernos locales son limitadas y las bases gravables a las que tienen acceso son relativamente pobres y en algunos casos de difícil explotación debido a cuestiones administrativas, económicas o políticas. Como resultado de esta división de potestades, la recaudación de los ingresos públicos está altamente concentrada en la federación. Dicho por el profesor César Velázquez Guadarrama[6], el sistema del federalismo fiscal en México se basa en dos elementos: “el primero es un sistema impositivo totalmente centralista en el que el gobierno federal recauda alrededor del 95% de todos los impuestos del país” y un segundo -que es consecuencia del primero- “consistente en un sistema de transferencias que van del gobierno federal a los gobiernos locales”.

El alto grado de centralización en materia de ingresos es producto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, mediante el cual, los Estados fueron cediendo potestades tributarias, propiciando un desarrollo inequitativo entre las entidades federativas, ya que los criterios de distribución de recursos no toma en cuenta las diferencias que se observan entre entidades respecto de sus necesidades, los costos de prestar servicios públicos, su capacidad fiscal, no fomenta el esfuerzo fiscal de las entidades y promueve un sesgo a favor de las entidades más grandes. Propiciando con ello, una cultura de cabildeo ante las autoridades federales para obtener recursos adicionales de manera discrecional y la cual puede ser usada como se explicaba anteriormente como un medio de control del gobierno central hacia los gobiernos locales. Generando en algunos casos la alta tasa de endeudamiento estatal.

Es decir, la intervención de diversos actores institucionales, con similares atribuciones, puede llevar a equilibrios políticos precarios que amenacen la gobernabilidad democrática, entendida como la capacidad del gobierno para desarrollar políticas públicas eficientes, encaminadas a solucionar las necesidades de cada entidad y al mismo tiempo garantizar la estabilidad política[7].

Habría que recordar pues, que los gobiernos locales mexicanos, durante la primera mitad del siglo pasado, retuvieron un alto grado de autonomía fiscal, hasta que los impuestos y el gasto público comenzaron a centralizarse progresivamente[8]; el origen de ese control se basó -y sigue basando- en razones tanto financieras como políticas. Por un lado, estuvo presente la necesidad de concentrar recursos económicos y administrativos para emprender planes de desarrollo y favorecer la integración nacional que estaba amenazada por fuertes poderes locales encabezados por caudillos y caciques y, por otro, ésta pudo preservarse por la falta de competencia o competitividad partidista que creaba una efectiva homogeneidad política que se imponía sobre todos los funcionarios elegidos o designados.

Dicho control encontró cabida en 1978 cuando se creó el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, el cual establecía que las participaciones federales se calcularían sobre la base total de impuestos federales recaudados y ya no, como hasta entonces en función de los específicamente generados por cada entidad; de igual manera se determinaba que el 20% del total entregado a los gobiernos estatales fuese trasladado íntegramente a los municipios, y por último se creó un fondo Financiero Complementario[9] que sería destinado a compensar a los estados más pobres, y que por ende, no podían generar impuestos significativos[10].

Sin embargo, sería hasta la década de los ochentas del siglo pasado -al empezarse a aplicar el Impuesto al Valor Agregado- cuando se establecería el sistema federal fiscal actual con sus criterios básicos de designación, y en el cual se pondera población total y su proporción en el territorio nacional a fin de su distribución. Con ello pues, podemos entender que tanto las entidades como los municipios con mayor población reciben siempre mas recursos, sin embargo, ello no representa que dichos núcleos poblacionales sean en mayor medida generadores de recaudación propia, lo que vuelve inequitativo dicho proceso de repartición presupuestaria.

Así pues, dichos controles o limitantes a las potestades de los Estados de recaudar y determinar sus planes de desarrollo y, sobre todo, una clara dependencia hacia la federación, lo que supone un contrasentido a la idea propia del federalismo.

 

III.- CONCLUSIÓN.

Como se mencionaba anteriormente, dichos sobre endeudamientos, o excesos que han tenido algunos gobiernos locales, no deben ni pueden servir de excusa para modificar o justificar una desvirtuación del pacto federal al que todas las entidades del país nos suscribimos, ya que para asegurar que las autoridades rindan cuentas de manera adecuada, para el desarrollo de la capacidad técnica y administrativa de los gobiernos locales y aun para la consolidación del sistema democrático, se requiere que el Gobierno Federal respete el ámbito de acción de los gobiernos locales, ya que dichos gobiernos locales son la base de cualquier nación.

El punto fundamental para el futuro político del país implica que las decisiones básicas deben ser tomadas por varios actores institucionales y no, como parece pretenderse, por el ejecutivo federal.

Hablar hoy del federalismo mexicano, como bien lo señala nuestro ministro José Ramón Cossío Díaz, es hablar de la distribución del poder político y, con él, del económico, social y cultural que habrá de darse en el país en los años por venir. En el entender cómo y por qué habrán de darse esos nuevos procesos, las consecuencias que tendrán y sus condiciones de validez constitucional, descansa mucho de lo que nuestro país haya de ser en el futuro[11].

En ese nuevo camino, la simulación debería ser el primer obstáculo a eliminar.

REFERENCIAS.

-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Diario Oficial de la Federación 05 de febrero de 1917.

-CAMPS CERVERA, Victoria. ¿Qué es el Federalismo? Barcelona. España. 2016.

– CARBONELL, José. “Transición a la democracia, gobernabilidad y federalismo en México. Cerrando el círculo”, Federalismo y regionalismo. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 36.

– COLMENARES, David. “Retos del federalismo mexicano”. Comercio Exterior. México. 1999.

– COSSÍO DIAZ, José Ramon. Los federalismos de ayer y hoy. El país. 2018.

– GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. La democracia en México. México. 1976.

-GONZÁLEZ MUÑOZ, Verónica Alejandra/ ZARATE, Martha Olivia. El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias frente a la política social de México: El caso del programa PROSPERA. Ciudad de México. México. 2016.

-HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rogelio. La disputa por el presupuesto federal. Presidencialismo y gobiernos estatales en México. México. 2006.

-MERINO, Gustavo. Federalismo fiscal: diagnóstico y propuestas. México.

-MUÑOZ PATRACA, Víctor Manuel. Federalismo y democracia en México. México.

-REBOLLEDO HERRERA, Oscar. El Federalismo como forma de división del Poder Público en el contexto constitucional y sus implicaciones en materia tributaria.Instituciones de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de México. Distrito Federal. México. 2002.

-VELÁZQUEZ GUADARRAMA, Cesar. Cambios en el federalismo fiscal. Ciudad de México. México. 2016.

 

[1] El presente trabajo es el primero de una serie de ensayos que desde la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California se han elaborado a fin de concientizar sobre la importancia del respeto al estado de derecho.

[2]Licenciado en Ciencias Jurídicas (Universidad de Nuevo León). Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California.

[3] Escritor, poeta, periodista, abogado, político e ideológico liberal mexicano. Es considerado uno de los artífices más importantes del Estado laico mexicano. Fue además un conocido masón, y varias logias en México llevan su nombre. También se le conoció con el sobrenombre El Voltaire Mexicano.

[4] CAMPS CERVERA, Victoria. ¿Qué es el Federalismo? Barcelona. España. 2016.

[5] CARBONELL, José. “Transición a la democracia, gobernabilidad y federalismo en México. Cerrando el círculo”, Federalismo y regionalismo. Memoria del VII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 36.

[6]VELÁZQUEZ GUADARRAMA, Cesar. Cambios en el federalismo fiscal. Ciudad de México. México. 2016.

[7] HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Rogelio. La disputa por el presupuesto federal. Presidencialismo y gobiernos estatales en México. México. 2006.

[8] Para 1950 el gobierno federal proveía solamente el 8% del total de ingresos de los gobiernos estatales, para 1963 era del 34% hasta llegar al 94% en el año 2000. GONZÁLEZ CASANOVA, Pablo. La democracia en México. México. 1976.

[9]Que sin lugar a duda este último fondo únicamente a favorecido a la creación de clientelismos, en virtud de que poco o nada desde su creación ha ayudado a salir del grado de atraso a dichas entidades federativas.

[10] COLMENARES, David. “Retos del federalismo mexicano”. Comercio Exterior. México. 1999.

[11] COSSÍO DIAZ, José Ramon. Los federalismos de ayer y hoy. El país. 2018

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN[1]

Francisco E. Postlethwaite Duhagón[2]

Angel Martínez Arellano[3]

 PRESENTACIÓN. 

El presente ensayo, tiene como fin analizar los principios básicos de la comunicación social, utilizada como herramienta de publicidad del Estado y del servidor público, en donde humildemente se pretende agotar los aspectos jurídicos que ello implica –aspectos por demás ya discutidos en diversos estudios-, así como el aspecto ético de la utilización de la misma, arista que a opinión de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha sido analizada de manera profunda y de ahí la característica particular del presente estudio.

Cabe señalar, que entendemos dentro de esta Secretaría la importancia de la comunicación social, sabemos que la comunicación social beneficia a la sociedad, facilita la participación informada de los ciudadanos en el actuar del gobierno. Los medios de comunicación unen a la gente en la búsqueda de propósitos y objetivos comunes, ayudándoles así a formar y apoyar auténticas comunidades políticas. Con ello podemos afirmar que los medios de comunicación son indispensables en las sociedades democráticas actuales. Son importantes instrumentos de responsabilidad, señalando y evidenciando con su actuar la incompetencia, la corrupción y en términos generales los abusos de las autoridades, y a la vez que ponen de relieve los casos de competencia, espíritu cívico y cumplimiento del deber. En otras palabras, la comunicación social “debe ser entendida como un puente de comunicación entre los entes públicos y la población, con el único propósito de difundir las políticas y programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública”[4].

I.- ASPECTO JURÍDICO. ¿PUBLICAR O PUBLICITAR?

En una sociedad democrática los ciudadanos deben y tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado; la publicidad resulta también en una herramienta que da transparencia y proyección al actuar de un gobierno.

En ese sentido, resulta importante señalar que en México el derecho al acceso a la información es un derecho humano establecido en el artículo 6 apartado A de nuestra Carta Magna, es por ello que el gobierno es, indudablemente, sujeto y objeto de información y valoración política, es emisor de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos que se engloban bajo la denominación genérica de campañas institucionales de publicidad o comunicación.

La dualidad del gobierno (visto desde su sentido más amplio) entre su deber de informar de la acción gubernamental y su naturaleza política (que no podemos negar que la tiene) debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende el gobierno para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados o poco éticos, atendiendo a los deberes positivos que la propia constitución impone al Estado y que lo obliga a actuar con la finalidad de generar solo información actualizada, comprensible, confiable, congruente, integral, oportuna y veraz.

Sin embargo, es una realidad que en México el empleo de la comunicación social muchas veces es utilizada para y con otros fines distintos a los ya descritos, siendo estos los de ensalzar los logros de un gobierno en turno o, en su modo menos ético (y que se discutirá más adelante): promocionar de manera personalizada al servidor público (esto en virtud del uso de los recursos del Estado o el empleo de su investidura -y la proyección que esta conlleva- como un medio de autorrealización individual del servidor público).

En virtud de ello, y para evitar los abusos que se venían cometiendo en nuestro país, es que el legislador mediante una reforma del año 2014 tuvo a bien adicionar al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un párrafo octavo, a fin de prohibir la “promoción personalizada de cualquier servidor público” en cualquier medio de comunicación social[5].

Con esto, queda en relieve la voluntad del constituyente de intencionar a la comunicación social como una herramienta que debe ser clara objetiva, necesaria, útil y relevante para el público, encaminada únicamente a los intereses de la población, y en contrario sensu esta no debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún gobierno, partido, funcionario, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión.

Sin embargo, dicha voluntad no logra matizarse en la recién publicada Ley General de Comunicación Social del 11 de mayo de 2018, toda vez que, solo se limita a la regulación de la comunicación en tiempos oficiales y dejar fuera una conceptualización más amplia y de mayor interés público –como los referidos en el párrafo anterior- de comunicación social, las erogaciones máximas que un gobierno podría realizar, la discrecionalidad con la que una dependencia asignará dicha publicidad[6], y ni hablar de cuestiones de ética pública en la utilización de la comunicación social.

En esto último, resulta interesante el ejemplo de España, en la cual, mediante su Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno.  En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que la “utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”[7].

En el Reino Unido, si bien no existe una ley que reglamente la comunicación institucional del Estado, existe un marco regulatorio en las llamadas “Guías de Decencia” (Propriety Guides), que regulan la actividad de las distintas dependencias del Estado, incluyendo la promoción de campañas publicitarias. Estas guías establecen criterios para desarrollar las campañas publicitarias impulsadas por el Estado, las cuales nunca deberán ser de carácter “político”.

Y todo lo anterior adquiere más sentido si entendemos que para que exista un verdadero respeto y observancia por parte del Estado al derecho al acceso a la información de los ciudadanos, éste -el Estado- debe brindar mediante los mecanismos de comunicación social información que permita a las personas, tomar decisiones sobre sus propias vidas, no como un medio de autorrealización individual, si no en un sentido más amplio como “el enriquecimiento del debate colectivo[8]” y por lo tanto actuar en consecuencia, de ahí la importancia del uso de las herramientas de comunicación social con las que cuenta un gobierno.

  1. ASPECTO ÉTICO. OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

            Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nuestra Constitución Local, establece una serie de obligaciones y responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos, sin embargo, la línea que nos indica hasta qué punto es ético que un servidor público haciendo uso del cargo que desempeña utilice dicha investidura para publicitarse o venderse ante un posible electorado, resulta todavía –y a pesar de la incipiente legislación existente- un poco difusa; el hacer comprender al funcionario público que el comunicar sus acciones o buen actuar durante su desempeño público, no implica un logro, sino que forma parte de sus obligaciones y responsabilidades que tiene como tal ante la sociedad, es parte de los retos a los que nos enfrentamos. Representa la función pedagógica a la que está obligada esta Secretaría y parte de lo que se pretende lograr con el presente trabajo.

Como herramienta para la detección del uso apropiado (o inapropiado) de una comunicación social es importante identificar si esta tiene un objetivo legítimo, es decir, se debe analizar si el Estado está utilizando la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad, al respecto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el uso de los medios de comunicación para transmitir información es una herramienta importante y útil para los Estados”[9], y agrega “la información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada para fines distintos de la comunicación legítima […] la publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses […]”.

Así pues, resulta toral el fortalecimiento y concientización de la ética pública en todo servidor y funcionario que integre la administración pública, porque la desatención de la misma y la falta de mecanismos que la garanticen, provocan que los servidores públicos sean tentados a caer en prácticas pérfidas que nada abonan al interés público. Sería irrazonable por lo tanto, pretender tener una elevada ética pública, sin atender al servidor público y sin contar con elementos que sirvan para capacitarlo y concientizarlo en cuestiones de ética e integridad en su servicio.

Esta Secretaría dentro de sus funciones se encuentra el de elevar los estándares éticos del servidor público, como parte de una debida profesionalización que trascienda de lo meramente técnico y así construir una comunidad ética que sirva como freno a la corrupción.

REFERENCIAS.

-Amparo en Revisión 1359/2015. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de noviembre de 2017.

– BAUTISTA, Oscar Diego. ÉTICA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. Fundamentos, estado de la cuestión y valores para el servicio público. Toluca, México. 2009.

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 05 de febrero de 1917.

-Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo V, § 3. 2003.

-Ley General de Comunicación Social. Diario Oficial de la Federación. 11 de mayo de 2018. Ciudad de México, México.

-Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional. Publicada el 30 de diciembre de 2005. Madrid España.

Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial. ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. México, D.F. 2015.

– NAESSENS, Hilda. Ética Pública y Transparencia. 2010.

Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Asociación por los Derechos Civiles. Buenos Aires, Argentina. 2006.

[1] El presente trabajo es el primero de una serie de ensayos que desde la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California se han elaborado a fin de concientizar sobre la importancia de la ética pública como freno a la corrupción.

[2] Licenciado en Ciencias Jurídicas (Universidad de Nuevo León). Docente. Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California.

[3] Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de Baja California). Director de Transparencia y Acceso a la Información para un Gobierno Abierto de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

[4] Asociación por los Derechos Civiles. “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”. Buenos Aires, Argentina. 2006.

[5] Articulo 134 CPEUM.- “[…] La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público […]”

[6] En la Guía de “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial” elaborada por la Asociación por los Derechos Civiles (Ver: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29559.pdf) se sugiere que la responsabilidad por el manejo, y en particular la asignación, de la publicidad oficial debería descentralizarse para que no este solo en manos de funcionarios nombrados políticamente. La experiencia en otros países han demostrado que dejar librado “el manejo de los fondos de la publicidad al arbitrio de funcionarios políticos que dependen directamente del Poder Ejecutivo promueve la discrecionalidad y el favoritismo”.

[7] En España, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional taxativamente establece que: “Solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos: promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos; informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares; difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general; difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen; advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad públicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras: difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España; comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias”.

[8] Amparo en Revisión 1359/2015. Recurrente: Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, Asociación Civil. Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de noviembre de 2017.

[9] CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, § 3.