LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.

LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EL SERVIDOR PÚBLICO DENTRO DEL COMBATE A LA CORRUPCIÓN[1]

Francisco E. Postlethwaite Duhagón[2]

Angel Martínez Arellano[3]

 PRESENTACIÓN. 

El presente ensayo, tiene como fin analizar los principios básicos de la comunicación social, utilizada como herramienta de publicidad del Estado y del servidor público, en donde humildemente se pretende agotar los aspectos jurídicos que ello implica –aspectos por demás ya discutidos en diversos estudios-, así como el aspecto ético de la utilización de la misma, arista que a opinión de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental no ha sido analizada de manera profunda y de ahí la característica particular del presente estudio.

Cabe señalar, que entendemos dentro de esta Secretaría la importancia de la comunicación social, sabemos que la comunicación social beneficia a la sociedad, facilita la participación informada de los ciudadanos en el actuar del gobierno. Los medios de comunicación unen a la gente en la búsqueda de propósitos y objetivos comunes, ayudándoles así a formar y apoyar auténticas comunidades políticas. Con ello podemos afirmar que los medios de comunicación son indispensables en las sociedades democráticas actuales. Son importantes instrumentos de responsabilidad, señalando y evidenciando con su actuar la incompetencia, la corrupción y en términos generales los abusos de las autoridades, y a la vez que ponen de relieve los casos de competencia, espíritu cívico y cumplimiento del deber. En otras palabras, la comunicación social “debe ser entendida como un puente de comunicación entre los entes públicos y la población, con el único propósito de difundir las políticas y programas, servicios e iniciativas gubernamentales; promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos; incidir en el comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública y, en general, informar sobre cualquier hecho que sea de relevancia pública”[4].

I.- ASPECTO JURÍDICO. ¿PUBLICAR O PUBLICITAR?

En una sociedad democrática los ciudadanos deben y tienen derecho a conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el Estado; la publicidad resulta también en una herramienta que da transparencia y proyección al actuar de un gobierno.

En ese sentido, resulta importante señalar que en México el derecho al acceso a la información es un derecho humano establecido en el artículo 6 apartado A de nuestra Carta Magna, es por ello que el gobierno es, indudablemente, sujeto y objeto de información y valoración política, es emisor de una serie de mensajes dirigidos a los ciudadanos que se engloban bajo la denominación genérica de campañas institucionales de publicidad o comunicación.

La dualidad del gobierno (visto desde su sentido más amplio) entre su deber de informar de la acción gubernamental y su naturaleza política (que no podemos negar que la tiene) debe mantenerse en esferas comunicativas separadas. La valoración, el juicio y la información de carácter político tienen sus propios cauces y no deben mezclarse con la actividad comunicativa que, ordenada y orientada a la difusión de un mensaje común, emprende el gobierno para dar a conocer a los ciudadanos los servicios que presta y las actividades que desarrolla. Debe ser un principio fundamental de la actividad comunicativa del gobierno, a través de campañas institucionales, desligar la opinión política de la información veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben perseguir objetivos inadecuados o poco éticos, atendiendo a los deberes positivos que la propia constitución impone al Estado y que lo obliga a actuar con la finalidad de generar solo información actualizada, comprensible, confiable, congruente, integral, oportuna y veraz.

Sin embargo, es una realidad que en México el empleo de la comunicación social muchas veces es utilizada para y con otros fines distintos a los ya descritos, siendo estos los de ensalzar los logros de un gobierno en turno o, en su modo menos ético (y que se discutirá más adelante): promocionar de manera personalizada al servidor público (esto en virtud del uso de los recursos del Estado o el empleo de su investidura -y la proyección que esta conlleva- como un medio de autorrealización individual del servidor público).

En virtud de ello, y para evitar los abusos que se venían cometiendo en nuestro país, es que el legislador mediante una reforma del año 2014 tuvo a bien adicionar al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos un párrafo octavo, a fin de prohibir la “promoción personalizada de cualquier servidor público” en cualquier medio de comunicación social[5].

Con esto, queda en relieve la voluntad del constituyente de intencionar a la comunicación social como una herramienta que debe ser clara objetiva, necesaria, útil y relevante para el público, encaminada únicamente a los intereses de la población, y en contrario sensu esta no debe promover –explícita o implícitamente- los intereses de ningún gobierno, partido, funcionario, ni estar al servicio de destacar sus logros de gestión.

Sin embargo, dicha voluntad no logra matizarse en la recién publicada Ley General de Comunicación Social del 11 de mayo de 2018, toda vez que, solo se limita a la regulación de la comunicación en tiempos oficiales y dejar fuera una conceptualización más amplia y de mayor interés público –como los referidos en el párrafo anterior- de comunicación social, las erogaciones máximas que un gobierno podría realizar, la discrecionalidad con la que una dependencia asignara dicha publicidad[6], y ni hablar de cuestiones de ética pública en la utilización de la comunicación social.

En esto último, resulta interesante el ejemplo de España, en la cual, mediante su Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional, prohíbe campañas “que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados” por el gobierno.  En la exposición de motivos de la ley se manifiesta que la “utilidad pública como objetivo de estas campañas implica la erradicación de aquellas que tengan como finalidad ensalzar la labor del gobierno. Se garantiza así que las campañas sirvan a sus destinatarios legítimos, que son los ciudadanos, y no a quien las promueve”[7].

En el Reino Unido, si bien no existe una ley que reglamente la comunicación institucional del Estado, existe un marco regulatorio en las llamadas “Guías de Decencia” (Propriety Guides), que regulan la actividad de las distintas dependencias del Estado, incluyendo la promoción de campañas publicitarias. Estas guías establecen criterios para desarrollar las campañas publicitarias impulsadas por el Estado, las cuales nunca deberán ser de carácter “político”.

Y todo lo anterior adquiere más sentido si entendemos que para que exista un verdadero respeto y observancia por parte del Estado al derecho al acceso a la información de los ciudadanos, éste -el Estado- debe brindar mediante los mecanismos de comunicación social información que permita a las personas, tomar decisiones sobre sus propias vidas, no como un medio de autorrealización individual, si no en un sentido más amplio como “el enriquecimiento del debate colectivo[8]” y por lo tanto actuar en consecuencia, de ahí la importancia del uso de las herramientas de comunicación social con las que cuenta un gobierno.

  1. ASPECTO ÉTICO. OBLIGACIONES DEL SERVIDOR PÚBLICO.

            Sabemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como nuestra Constitución Local, establece una serie de obligaciones y responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos, sin embargo, la línea que nos indica hasta qué punto es ético que un servidor público haciendo uso del cargo que desempeña utilice dicha investidura para publicitarse o venderse ante un posible electorado, resulta todavía –y a pesar de la incipiente legislación existente- un poco difusa; el hacer comprender al funcionario público que el comunicar sus acciones o buen actuar durante su desempeño público, no implica un logro, sino que forma parte de sus obligaciones y responsabilidades que tiene como tal ante la sociedad, es parte de los retos a los que nos enfrentamos. Representa la función pedagógica a la que está obligada esta Secretaria y parte de lo que se pretende lograr con el presente trabajo.

Como herramienta para la detección del uso apropiado (o inapropiado) de una comunicación social es importante identificar si esta tiene un objetivo legítimo, es decir, se debe analizar si el Estado está utilizando la pauta o publicidad oficial para comunicarse con la población e informar a través de los medios de comunicación social sobre los servicios que prestan y las políticas públicas que impulsan, con la finalidad de cumplir sus cometidos y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de los derechos de los beneficiarios de las mismas o de la comunidad, al respecto la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “el uso de los medios de comunicación para trasmitir información es una herramienta importante y útil para los Estados”[9], y agrega “la información que transmitan los avisos oficiales debe ser clara y no puede ser engañosa, esto es, no debe inducir a error a sus destinatarios ni ser utilizada para fines distintos de la comunicación legítima […] la publicidad estatal no puede ser propaganda encubierta de quienes controlan el gobierno o de sus intereses […]”.

Así pues, resulta toral el fortalecimiento y concientización de la ética pública en todo servidor y funcionario que integre la administración pública, porque la desatención de la misma y la falta de mecanismos que la garanticen, provocan que los servidores públicos sean tentados a caer en prácticas pérfidas que nada abonan al interés público. Seria irrazonable por lo tanto, pretender tener una elevada ética pública, sin atender al servidor público y sin contar con elementos que sirvan para capacitarlo y concientizarlo en cuestiones de ética e integridad en su servicio.

Esta Secretaría dentro de sus funciones se encuentra el de elevar los estándares éticos del servidor público, como parte de una debida profesionalización que trascienda de lo meramente técnico y así construir una comunidad ética que sirva como freno a la corrupción.

REFERENCIAS.

-Amparo en Revisión 1359/2015. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de noviembre de 2017.

– BAUTISTA, Oscar Diego. ÉTICA PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. Fundamentos, estado de la cuestión y valores para el servicio público. Toluca, México. 2009.

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario Oficial de la Federación 05 de febrero de 1917.

-Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Capítulo V, § 3. 2003.

-Ley General de Comunicación Social. Diario Oficial de la Federación. 11 de mayo de 2018. Ciudad de México, México.

-Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional. Publicada el 30 de diciembre de 2005. Madrid España.

Libertad de expresión en venta. Acceso a la información y censura indirecta en publicidad oficial. ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica. Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. México, D.F. 2015.

– NAESSENS, Hilda. Ética Pública y Transparencia. 2010.

Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial. Asociación por los Derechos Civiles. Buenos Aires, Argentina. 2006.

[1] El presente trabajo es el primero de una serie de ensayos que desde la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California se han elaborado a fin de concientizar sobre la importancia de la ética pública como freno a la corrupción.

[2] Licenciado en Ciencias Jurídicas (Universidad de Nuevo León). Docente. Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Baja California.

[3] Licenciado en Derecho (Universidad Autónoma de Baja California). Director de Transparencia y Acceso a la Información para un Gobierno Abierto de la Secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

[4] Asociación por los Derechos Civiles. “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial”. Buenos Aires, Argentina. 2006.

[5] Articulo 134 CPEUM.- “[…] La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público […]”

[6] En la Guía de “Principios básicos para la regulación de la publicidad oficial” elaborada por la Asociación por los Derechos Civiles (Ver: http://www.corteidh.or.cr/tablas/29559.pdf) se sugiere que la responsabilidad por el manejo, y en particular la asignación, de la publicidad oficial debería descentralizarse para que no este solo en manos de funcionarios nombrados políticamente. La experiencia en otros países han demostrado que dejar librado “el manejo de los fondos de la publicidad al arbitrio de funcionarios políticos que dependen directamente del Poder Ejecutivo promueve la discrecionalidad y el favoritismo”.

[7] En España, la ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional taxativamente establece que: “Solo se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación cuando tengan alguno de los siguientes objetivos: promover la difusión y conocimiento de los valores y principios constitucionales; informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones legales, de aspectos relevantes del funcionamiento de las instituciones públicas y de las condiciones de acceso y uso de los espacios y servicios públicos; informar a los ciudadanos sobre la existencia de procesos electorales y consultas populares; difundir el contenido de aquellas disposiciones jurídicas que, por su novedad y repercusión social, requieran medidas complementarias para su conocimiento general; difundir ofertas de empleo público que por su importancia e interés así lo aconsejen; advertir de la adopción de medidas de orden o seguridad publicas cuando afecten a una pluralidad de destinatarios; anunciar medidas preventivas de riesgos o que contribuyan a la eliminación de daños de cualquier naturaleza para la salud de las personas o el patrimonio natural; apoyar a sectores económicos españoles en el exterior, promover la comercialización de productos españoles y atraer inversiones extranjeras: difundir las lenguas y el patrimonio histórico y natural de España; comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social. Las campañas institucionales de publicidad y de comunicación se desarrollaran exclusivamente cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de competencias propias”.

[8] Amparo en Revisión 1359/2015. Recurrente: Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, Asociación Civil. Ministro Ponente: Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de noviembre de 2017.

[9] CIDH, Informe Anual 2003. Volumen III: Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión. Capítulo V, § 3.

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